“En Argentina, desde el 2000 a la fecha, se han tramitado en los Tribunales Federales unas 1.200 causas por supuestos delitos ambientales; sólo en cinco de esos procesos se llegó hasta la condena. Si eso no es impunidad...”.
La reflexión corresponde al fiscal general de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Gustavo Gómez. El magistrado ofreció la semana pasada una conferencia en la sala Regino Maders de la Legislatura de Córdoba en la que contó la causa judicial que impulsó contra Julián Rooney, gerente comercial y vicepresidente de la minera Bajo La Alumbrera, dedicada a la explotación de minerales metalíferos a cielo abierto. Por eso, Gómez ya es una especie de héroe de grupos ambientalistas.
Rooney fue procesado en junio por la Cámara Federal de referencia en una denuncia por contaminación ambiental que investigó Gómez y que tuvo como disparador una carta que dos jubilados de Santiago del Estero enviaron en 2002 al entonces presidente de la Nación, Eduardo Duhalde, comentó el fiscal.
“La experiencia me dice que, en Argentina, el concepto de impunidad en empresarios mineros y funcionarios del sector está internalizado. Por eso no les interesa dejar huellas cuando actúan” al margen de la ley, afirmó Gómez.
“Siempre digo que donde hay un delito ambiental hay un funcionario delincuente”, señaló el magistrado tucumano.
Caso emblemático. El procesamiento de Rooney por contaminación ambiental, sin prisión preventiva pero con un embargo millonario, tuvo repercusiones en el ámbito judicial argentino y fue celebrado de manera estruendosa por las organizaciones no gubernamentales defensoras del ambiente.
Sobran razones para justificar la euforia. El fallo es el primero en Latinoamérica contra una multinacional minera por contaminación. Además, Bajo La Alumbrera, ubicada en la precordillera catamarqueña, a 60 kilómetros de Belén y a 400 kilómetros de San Fernando del Valle de Catamarca, es uno de los principales reservorios de cobre y oro del mundo.
Minera Alumbrera Limited –la razón social– está gerenciada por Xstrata Plc, con sede en Suiza, dueña del 50 por ciento del paquete accionario. La otra mitad está repartida entre las canadienses Goldcorp Inc. (37,5 por ciento) y Hortthen Orion Resources Inc. (12,5 por ciento). Produce unas 180 mil toneladas de cobre y 600 mil onzas de oro al año.
El emprendimiento, a cielo abierto, se puso en marcha en 1997 con una inversión de 1.600 millones de dólares y muchas promesas de desarrollo y distribución de las riquezas en la región. La realidad demostró que ocurrió todo lo contrario.
Gómez contó que, un año después, el biólogo Juan González, entonces secretario de Ambiente de Tucumán pidió al Sistema Provincial de Salud (Siprosa) que analizara muestras tomadas en un canal de efluentes de la minera. Las evaluaciones arrojaron, indicó Gómez, restos de plomo, cadmio, cobre, selenio, mercurio, cianuro y arsénico muy por encima de los valores tolerados. Con esa prueba, el ex funcionario denunció a Bajo La Alumbrera por violación de la ley nacional de residuos peligrosos (24.051). El expediente “durmió” en los escritorios judiciales hasta que el fiscal Gómez lo reactivó en 2002.
“Si se cumplieran las normas vigentes y el Estado realizara de manera rigurosa los controles necesarios, la minería a cielo abierto, altamente contaminante, no sería rentable y por lo tanto a las empresas multinacionales no les interesaría explotar el negocio”, señaló el fiscal.
“Pero nada de eso ocurre y por lo tanto es difícil que la cosa cambie”, expresó.
Cabe recordar que el procesamiento de Rooney alarmó a la Cámara de Empresarios Mineros de la Argentina (Caem) que publicó una solicitada en los diarios más influyentes de la Argentina.
La medida fue apelada y su curso llegará probablemente hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La conferencia de Gustavo Gómez estuvo organizada por la organización no gubernamental Conciencia Solidaria y la legisladora cordobesa Nancy Lizzul. En LaVoZ.COM.AR
Ver: Explotación minera en La Calera
