Casualidades o no, los dos empleados de las empresas que tenían el convenio de investigación –Verdú SA y la multinacional belga De Smet-, fueron dados de alta en Río Cuarto. La doctora Giacomelli, que no pertenecía al equipo investigador -y que según su esposo se oponía al proyecto en cuestión- murió y dejó cuatro huérfanas.
Como se verá, fallecieron personas de todas las edades en una tragedia anunciada porque en los meses previos hubo quejas por la locura de almacenar una veintena de tachos del solvente en un lugar cerrado y de concurrencia de mucha gente.
El juzgado federal que lleva la causa prometió “novedades para los próximos días”. Pero el tiempo de la justicia, incluso cuando se adelanta una hora, no es el de los argentinos de a pie y menos el de los familiares de las víctimas. El tema ha desaparecido de los titulares y noticieros de radio y TV; ahora, con treinta días de feria judicial, tiene menos posibilidades de salir a superficie.
Por eso este cronista lo pone sobre el tapete. Es un material doblemente trágico: las seis muertes por un lado, y la colonización de las universidades por los monopolios, por el otro.
Esa penetración empresaria es alevosa. Oscar Spada, el rector de la Universidad, fue requerido en la última reunión del Consejo Superior sobre el número de convenios en vigencia con el mundo de los negocios. Dio esta respuesta: “la información de la Universidad la puedo dar pero la respuesta de la Fundación Universidad de Río Cuarto no está asegurada porque es una entidad autónoma, que posee su propia personería jurídica”.
Así se blanqueaba que los privados firman convenios con las universidades y también con las fundaciones de estas universidades, de las que pueden ser socios, aprovechar para desgravar impuestos y, como en esta coyuntura, eludir o dilatar las informaciones. La tragedia evidenció que en esos laboratorios, donde los capitalistas financian proyectos en su propio beneficio, mandan éstos. El rector, el Consejo Superior y los consejeros, están pintados. Sería bueno cambiar esto radicalmente en una nueva ley de Educación Superior.
La colonización
En el laboratorio siniestrado se trabajaba con la destilación de aceites para el biodiésel. Esta industria tiene el patrocinio del gobierno nacional, particularmente del ahora gobernador bonaerense Daniel Scioli, y se está reagrupando en el gran Rosario. Allí se han cortado las cintas de las primeras fábricas donde se asocian monopolistas locales –Aceitera General Deheza- con extranjeras como De Smet, la suiza Glencore y la trasnacional Bunge.
La fabricación de los biocombustibles es impulsada por la administración Bush como vía de negocios para sus multinacionales y también para eludir el peso de los productores y exportadores de petróleo de la OPEP. El presidente cubano Fidel Castro abrió fuego contra estos proyectos, denunciando que las potencias van a utilizar el maíz y las oleaginosas para producir combustibles en vez de alimentos. En la Universidad de Río Cuarto tuvieron más afinidad con De Smet, AGD (del senador Roberto Urquía) y la línea bajada al mundo desde Washington.
En el Consejo Superior de la UN de Río Cuarto, un consejero planteó: “es preciso saber qué, quién es y para quiénes estamos investigando”. Esto es correcto. Debería ser siempre el punto de partida, saber qué y para qué se está estudiando, y no como en este suceso, como corolario de una tragedia.
No será fácil sacar a luz quiénes son los que han anudado acuerdos pues hay que revisar los protocolos con las universidades, las fundaciones, el Conicet, la agencia de Ciencia y Técnica que conducía Lino Barañao, las agencias o secretarías de las provincias, etc.
Una idea aproximada surge del cálculo del delegado de ATE en el Conicet, Juan Manuel Sueiro: “más de 40 institutos científicos están en convenio con las universidades públicas. Esto desdibuja las competencias de cada organismo y la seguridad queda comprometida”. Sueiro se refería a la seguridad, pero algo más grave: la dirección política, económica y cultural de los proyectos, que succionan recursos humanos y materiales de casas de estudios pagadas por el Estado.
Más casos
En la nota anterior (LA ARENA 15/12), se alertó sobre el accionar de Pecomagro, Ledesma, Repsol-YPF, Barrick Gold y Minera Alumbrera Limited. Estos monopolios aprovechaban las investigaciones en la Universidad de Buenos Aires, Salta, UTN, Universidad de San Juan y de Tucumán, respectivamente.
Ahora se amplía la lista de estos negocios que dejan migajas en las facultades –y a veces muertos-, y grandes ganancias al patrón o capitalista.
Techint aprovecha la repatriación de científicos hecha por el Conicet, y “compensa” con la financiación de tres becas para esa dependencia.
La UTN de Córdoba inauguró un laboratorio de investigación de software con la estadounidense Motorola, que pone los ingenieros y jefes. La gacetilla de prensa informó beatíficamente que el “objetivo es generar conocimiento teórico-práctico”. Le faltó puntualizar para beneficio de quién. Motorola logró con José M. De la Sota grandes beneficios para radicarse en la provincia, exenciones impositivas, alquiler del edificio y posterior construcción de uno nuevo a cargo de la Provincia-Municipalidad más una parte de los salarios de sus empleados. Así es fácil…
El laboratorio Biosidus exporta el 75 por ciento de su producción a 40 países. Para eso tiene acuerdos con la UBA y la Universidad Favaloro. A ésta no se la cuestiona porque se supone que es una universidad-empresa privada; a la UBA sí.
Oil Fox produce biodiésel, que exporta en su totalidad. Como la anterior, factura en dólares y euros, pero paga en pesos las investigaciones realizadas por Ingeniería de la UBA, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) y la Universidad Nacional del Litoral.
Biocientífica tiene convenios con la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
Algunos de estos datos fueron difundidos en un seminario realizado a fin de año por la Fundación ExportAr, donde mandan los representantes de grandes empresas, como Gustavo Svarzman del Standard Bank (capitales sudafricanos y grupo Werthein). Un lugar menor tienen los académicos como Luis Roces, vicerrector del ITBA.
“Nuestra preocupación es cómo el mundo académico puede acompañar a las empresas en la producción y la exportación”, dijo sin ruborizarse Félix Peña, titular del consejo académico de ExportAr. “El divorcio entre universidades y empresas es algo del pasado”, apoyó el condescendiente Roces.
Si alguna vez hubo divorcio, ahora hay un contubernio y no por decisión de algunos funcionarios despistados o algunos rectores. Es una política vertical que decidió Néstor Kirchner y que sigue Cristina Fernández. El canciller de ambos, Jorge Taiana, aclaró en ese seminario que se trata de una política de Estado para generar más exportaciones. En sus palabras, para eso “hace falta la interacción del sector público, privado y las instituciones académicas”. O sea que la interacción (léase colonización) de De Smet en Río Cuarto no era la excepción sino la regla.
Claro que puede haber un vínculo positivo entre ciencia y economía. Pero la condición básica es que no sea con monopolios privados, ni nacionales ni extranjeros. Las universidades, el Conicet, el INTI, etc, deberían articular proyectos sólo con empresas estatales o mixtas de mayoría estatal, con instituciones gubernamentales y sociales, cooperativas, fábricas recuperadas y Pymes privadas argentinas de hasta 100-120 empleados. Las firmas grandes y extranjeras que investiguen a su cargo, que ya succionaron más de la cuenta de la teta del Estado y junto con el Banco Mundial trasfundieron el virus del mercantilismo.
En http://www.elortiba.org/notatapa4.html
