¿Cuánto vale un periodista?
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La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y la Iniciativa Pro Justicia de la Sociedad Abierta, de Nueva York, acaban de terminar un estudio sobre la manipulación de la publicidad oficial en la censura indirecta. El informe , que las organizaciones presentarán este jueves, advierte que “en Argentina, el Gobierno nacional suele hacer pagos generosos en concepto de publicidad a periodistas que escriben en medios gráficos nacionales influyentes pero que tienen programas de radio o TV por cable con bajos niveles de rating”.
“El precio del silencio. Abuso de publicidad oficial y otras formas de censura indirecta en América Latina”, es un estudio sobre la tensión entre la publicidad oficial y los medios de comunicación, realizado sobre las realidades de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, Perú y Uruguay.
“Nuestra investigación indicó que la asignación injustificada de publicidad oficial al periódico argentino de alcance nacional Página/12 realizada durante los años 2004 y 2005 –que documentáramos en Una censura sutil– persistió a lo largo de los dos años siguientes”, recuerda el texto. “En 2006 y 2007 —señala— el gobierno nacional volvió a otorgar a Página/12 un monto altamente desproporcionado”.
Ambas organizaciones consideran que “la publicidad oficial o puede justificarse por la circulación de dicho matutino ni por cualquier otra ventaja competitiva”. Y remarca que “desde el ex presidente Kirchner asumió el poder, Página/12 adoptó, por lo general, una línea editorial pro-gobierno”.
De la misma manera, “El precio del silencio” subraya que “El gobierno de Néstor Kirchner también realizó asignaciones publicitarias excesivamente generosas a una variedad de medios en la provincia de Santa Cruz, propiedades de Rudy Ulloa, su ex chofer”.
El estudio recopila los casos del diario Perfil, que demandó en 2006 a la administración K por la “discriminación” en la pauta oficial y resalta la sentencia de la Corte Suprema de la Nación, cuando determinó, en 2007, que el gobierno de Neuquén había violado el derecho a la libre expresión del Diario Río Negro al retirarle la pauta publicitaria en represalia por sus coberturas críticas.
Además, destacó que Tierra del Fuego emitió un decreto que regula la forma en que el Poder Ejecutivo provincial distribuye su presupuesto publicitario.
De todas maneras, “los marcos jurídicos que rigen la compra de publicidad por parte del Estado en todos los países bajo análisis resultan insuficientes e inadecuados: carecen de las reglas y criterios que asegurarían asignaciones publicitarias transparentes y justas, y no logran establecer las garantías necesarias en contra de posibles abusos”.
La ADC y la Iniciativa Pro Justicia de la Sociedad Abierta concluyen que “la falta de transparencia que existe en el proceso de contratación de la pauta oficial, en especial si se combina con una centralización de la toma de decisiones en la persona de funcionarios designados políticamente, conduce a abusos políticamente motivados en la asignación de publicidad oficial y a un control mínimo o inexistente por parte de los ciudadanos y la sociedad civil”.
Creada en 1995, la ADC es una organización no gubernamental que se declara apartidaria y sin fines de lucro. Se dedica, fundamentalmente, a trabajar propuestas de reformas legislativas e institucionales y al monitoreo del funcionamiento de las instituciones para “garantizar los derechos fundamentales de las personas”.
