Mientras los escuadrones de Luciano Benjamín Menéndez enterraban como NN prisioneros desaparecidos en el cementerio de San Vicente, el flamante gobernador de Córdoba era un alto ejecutivo de la planta de Fiat Auto en Belo Horizonte, Brasil.
Juan Schiaretti desempeñó el cargo de Asistente Financiero de la automotriz entre 1977 y 1984. El año del Golpe, 1976, lo encontró como Jefe de Asesores del Banco Provincia de Neuquén. Es decir que durante el gobierno de facto y hasta un año después del regreso de la democracia, el gobernador se desempeñaba como ejecutivo fuera del país. Él siempre dice que fue un "perseguido político".
De regreso a Argentina, entre 1985 y 1989, se convirtió en Gerente del Grupo Industrial Astori, casualmente uno de los más beneficiados con obras como las 200 escuelas y los planes de 12.500 vivienda llevados adelante por el gobierno del que él participó, primero como ministro de la Producción y luego como vicegobernador.
En 1989, el presidente Carlos Menem lo llamó para que ocupara el cargo de Subsecretario de Integración Latinoamericana en el Ministerio de Relaciones Exteriores, hasta 1991, año en que asumió como Secretario de Industria y Comercio de la Nación, ejecutando las políticas del ministro Domingo Cavallo que acabaron con la industria nacional. Fue Interventor Federal en Santiago del Estero, entre 1993 y 1995, y por primera vez fue elegido por el voto popular, Diputado Nacional, en 1995.
En julio de 1999, asumió como Ministro de la Producción en el gobierno de José Manuel de la Sota, cargo en el que permaneció hasta el 2001, en que volvió a convertirse en Diputado Nacional hasta el 2002. Renunció a la banca para volver al Ministerio de la Producción y Finanzas de Córdoba y en julio del 2003, juró como vicegobernador hasta diciembre de este año, cuando llegó a la Gobernación.
La primera iniciativa vinculada a la defensa de los derechos humanos que se le conoce se remonta al año pasado, en oportunidad del 30 aniversario del golpe, cuando la Legislatura a su cargo sancionó la ley que creó el Archivo Provincial de la Memoria y que dispuso su funcionamiento en el Departamento de Inteligencia de la Policía de Córdoba (ex D2), que funcionó como un centro clandestino de detención y tortura.
O sea que recién después de 20 años, el apellido Schiaretti aparecía vinculado con una problemática que desde siempre había sido patrimonio de las organizaciones de derechos humanos, siendo que antes había pasado por una banca legislativa nacional en dos oportunidades, lugar en el que, bien pudo, impulsar algún proyecto.
La decisión de crear por ley el Archivo de la Memoria la tomó cuando ya revestía la condición de candidato a gobernador por Córdoba. Hasta ese momento, estuvo ocho años conviviendo con alguien como De la Sota que culpaba a las madres de los desaparecidos por no haber cuidado a sus hijos y que declaró que los presos que están condenados a cadena perpetua deben salir de la cárcel "con los pies para adelante”.
Jamás se lo vio disentir, al menos en público, con pensamiento tan cavernícola pese a que ayer dijo que “siempre voy a plantear la condena al terrorismo de Estado, voy a plantear la defensa de los Derechos Humanos que es defender la vida”. Dijo esto al anunciar la firma de un decreto de apertura de los archivos policiales y de dependencias del Estado correspondientes al período de la dictadura. Vale agregar, archivos que hasta ayer, el gobierno al que perteneció Schiaretti negaba o relativizaba con evasivas.
Y lo negaba, frente a toda evidencia. En octubre del 2005, el Director de Espectáculos Públicos de la Municipalidad, Oscar Cuassolo debió renunciar a su cargo luego de que una radio local revelara que había integrado la D2. El intendente Luis Juez denunció, en ese momento, una “operación política” orquestada desde la Provincia, a días de las elecciones legislativas. Juez aprovechó la volteada para salir a pedir la apertura de los archivos, ya que hasta se difundió el número de memorándum (Nº 94) emitido por el jefe del D2 pidiendo el traslado de Cuassolo a esa división para ser infiltrado entre los estudiantes universitarios. Esto podría ser indicativo de la existencia de los archivos.
Un año después, el matrimonio conformado por Delia Torres y Manuel Nievas, presentó una denuncia en la Secretaría de Derechos Humanos municipal porque, en oportunidad de un pedido del certificado de conducta en la Policía, ambos aparecían con antecedentes penales por su condición de presos políticos sufrida en 1977.
En junio de este año, el semanario Noticias, reveló la existencia de documentación y fichas que provendrían del archivo policial de la dictadura Militar.
Todos estos indicios hacen suponer que los archivos existen y fueron conservados, aunque la pregunta es ¿qué información se conservó y cuál se eliminó por comprometedora?
“Creo que es hora de que el estado, como organización de la sociedad, ponga en blanco sobre negro y cierre una página cargada de sospecha de que puedan existir archivos que ayuden a esclarecer la verdad para que pueda actuar la justicia y podamos alcanzar la paz de los espíritus que todos nos merecemos”, afirmó ayer Schiaretti.
Es una declaración que recoge la línea discursiva inaugurada por Néstor Kirchner, que tampoco militó en organización de derechos humanos alguna y que amasó una fortuna personal impensada mientras la dictadura dopaba y arrojaba personas indefensas al mar. Sin embargo, hizo de la lucha por esos derechos una bandera y logró algunos avances. El cordobés aparenta ahora querer imitarlo, al crear una Secretaría de Derechos Humanos y anunciar lo de los archivos. ¿Se animará también a pedirle a la justicia federal de Córdoba más celeridad en el avance de las causas, aunque no sea un ámbito de su competencia y avance sobre la división de poderes? Kirchner lo hizo.
La impresión es que, en Argentina, la lucha por los derechos humanos se ha transformado más en un estandarte político que social. Porque, como diría un luchador, el padre Miguel Heysane “hay que defender y promover toda la gama de derechos. Lamentablemente, en la Argentina, los derechos humanos se han reducido en la opinión pública a la tortura o a los desaparecidos. Sí, eso es una violación de los derechos humanos, pero también lo son el aborto, la eutanasia, la injusticia social”.
Esta interesante nota, la escribió Mario Albera de www.sosperiodista.com
