El Senado convirtió anoche en ley el proyecto que puso fin al sistema privado de jubilaciones y creó un único modelo previsional estatal, con lo que puso fin a 14 años de existencia del régimen de capitalización instaurado durante la gestión presidencial de Carlos Menem. La iniciativa, que el 7 de noviembre recibió media sanción de la Cámara de Diputados, fue apoyada por 46 legisladores, rechazada por 18 y hubo una abstención.
El debate fue cerrado por el titular del bloque oficialista Miguel Pichetto, quien defendió con vehemencia la estatización.
Votaron positivamente la casi totalidad de legisladores del oficialismo, entre ellos Carlos Reutemann, Roxana Latorre, Rubén Marín, Elena Corregido y Teresa Quintela, el socialista Rubén Giustiniani, el neuquino Horacio Lores y los senadores del ARI de Tierra del Fuego, José Martínez y María Rosa Díaz.
El rechazo estuvo liderado por el radicalismo, la Coalición Cívica y los peronistas disidentes Hilda González de Duhalde, Alberto Rodríguez Saá, Sonia Escudero y Juan Carlos Romero. El rionegrino Pablo Verani, único senador de la Concertación Plural, anunció su abstención porque, pese a compartir la transferencia de los fondos al sistema de reparto, rechazó la quita que realiza el Estado nacional a las provincias para financiar el sistema.
La votación llegó en general a las 23.15, luego de que hicieran uso de la palabra más de 40 senadores. Tanta demanda discursiva hizo que el presidente provisional del cuerpo, José Pampuro, realizara una divertida comparación apelando a la terminología turfística: "Se anotaron todos, parece el Carlos Pellegrini", dijo, en alusión al gran premio que se corre todos los años en el Hipódromo de Palermo, de esta ciudad.
Con la sanción de esta ley, más de nueve millones de afiliados a las AFJP pasarán al Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa), y los aportes que tenían en sus respectivas cuentas de capitalización, estimados en más de 77 mil millones a octubre pasado, serán administrados por la Anses, que no percibirá comisión por esa tarea.
Este dinero será integrado al Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público de Reparto y sólo podrá ser utilizado para el pago de los beneficiarios del sistema.
Además, se creará un consejo –integrado por las centrales sindicales, los empresarios, funcionarios de la Anses y de la Jefatura de Gabinete, organizaciones de jubilados y pensionados y las entidades bancarias– que será el encargado de controlar el destino de esos recursos.
En defensa de la iniciativa, el miembro informante de la bancada oficialista, Fabián Ríos, advirtió que el sistema privado "fracasó" porque "fue diseñado para países con economías desarrolladas y con personas con ingresos altos". Además, justificó la decisión en la necesidad de preservar el valor de los ahorros de los aportantes en momentos en que, por la crisis financiera internacional, las cuentas de capitalización sufrieron una pérdida del 20 por ciento.
En cambio, para el titular de la bancada radical, Ernesto Sanz, lo que se trató ayer no fue una "reforma previsional" sino la forma de solucionar "un problema fiscal del Gobierno".
Los opositores a este proyecto volvieron a poner en duda el verdadero destino que tendrán los miles de millones absorbidos por el Estado: "Existe peligro de default", pronosticó el mendocino, tras advertir que para la sociedad argentina el nuevo sistema parte de una "confiscación" de su dinero.
También hubo críticas desde otras bancadas. El senador cordobés Carlos Rossi, del Partido Nuevo, cuestionó la "legalidad" de la iniciativa y advirtió sobre las repercusiones jurídicas que producirá.
Casi de manera irónica, el PRO pidió que el vicepresidente Julio Cobos, en ejercicio de la presidencia, vete la nueva ley sancionada anoche.
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