Largó la industria de la carta documento
“Resguarde sus derechos: intime hoy mismo a su Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) para que proteja sus derechos”. Palabras más, palabras menos es la síntesis de un correo electrónico promocional enviado por algunos estudios de abogados de Córdoba aprovechando para hacer negocio la confusión generalizada generada por el proyecto de estatización de los fondos previsionales de capitalización. Enterado por LA MAÑANA el presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, Jorge Curtó, aseguró que el próximo martes analizarán el tema ya que podría violar las normas que rigen la ética y el decoro de los profesionales.
En uno de los casos, la propuesta alcanza a afiliados y empleados de las AFJP, a los que asegura que deben realizar la intimación “en los próximos días” para resguardar sus derechos. En los otros el aviso apunta sólo a los aportantes.
Los precios van entre los 150 y 200 pesos, lo que deja en claro que hay incluidos honorarios ya que la cifra supera ampliamente el valor de una carta documento. Los interesados deben presentarse con DNI y el último resumen de cuenta de la administradora.
El ex ministro de Trabajo, Jorge Sappia, enfatiza que no corresponde realizar ninguna intimación porque todavía no hay ningún cambio jurídico. “No hay nuevas situaciones jurídicas. Las modificaciones están en un proyecto que el Congreso debe aprobar. Recién cuando la ley esté sancionada habrá un escenario distinto”, explica a este diario, a la vez que subraya que no hay plazos de ningún tipo que estén corriendo.
El experto admite que las futuras demandas aparecen como ine-vitables, pero plantea que será al Estado al que se apelará porque las AFJP “si el sistema cambia como se prevé, serán sujetos pasivos de esa transformación. No son ellas las que decidieron la transformación”.
Si bien es cierto que los abogados y consultores previsionales están recibiendo muchas consultas a partir del anuncio de la estatización realizado por la presidenta Cristina Fernández, también lo es que, por el momento, no corresponde hacer ninguna presentación en la Justicia, ni por parte de los aportantes ni por el lado de los empleados.
Sappia advierte que quienes trabajan en las administradoras deben manejarse con precaución ya que “mientras estén cumpliendo sus tareas y cobren, no hay alteración del contrato de trabajo, que sigue en vigencia. Deben esperar”. Los empleados, que suman unos 10 mil en el país, vienen organizando movilizaciones en defensa de sus puestos y desconfían de las promesas del gobierno de absorberlos y reubicarlos en diferentes dependencias públicas, como la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Hasta que el proyecto de nacionalización se convierta en ley las AFJP siguen teniendo el derecho de cobrar los aportes y administrarlos. “Si la cuota de este mes no se paga, pueden reclamarla”, grafica Sappia.
Los especialistas previsionales coinciden en criticar la iniciativa, aún cuando compartan que el Estado debe administrar las jubilaciones, pero aconsejan “no dejarse llevar” por los “oportunistas” que salen a la caza de clientes. Hay que aguardar para saber cómo sale la ley y qué perjuicios concretos producirá a los aportantes.
“Los que salen a ofrecer estas intimaciones son como los corre ambulancias”, define Sappia, en referencia a aquellos abogados que esperan cerrar acuerdos para litigar en los pasillos de los hospitales.
La situación es similar a la que se diera tiempo atrás cuando salió la denominada “jubilación de amas de casa”, cuando innumerable cantidad de abogados hicieron una “industria” de la moratoria.
Fuente: LA MAÑANA DE CORDOBA
