“En Argentina, desde el 2000 a la fecha, se han tramitado en los Tribunales Federales unas 1.200 causas por supuestos delitos ambientales; sólo en cinco de esos procesos se llegó hasta la condena. Si eso no es impunidad...”.
La reflexión corresponde al fiscal general de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Gustavo Gómez. El magistrado ofreció la semana pasada una conferencia en la sala Regino Maders de la Legislatura de Córdoba en la que contó la causa judicial que impulsó contra Julián Rooney, gerente comercial y vicepresidente de la minera Bajo La Alumbrera, dedicada a la explotación de minerales metalíferos a cielo abierto. Por eso, Gómez ya es una especie de héroe de grupos ambientalistas.
Rooney fue procesado en junio por la Cámara Federal de referencia en una denuncia por contaminación ambiental que investigó Gómez y que tuvo como disparador una carta que dos jubilados de Santiago del Estero enviaron en 2002 al entonces presidente de la Nación, Eduardo Duhalde, comentó el fiscal. ... Continuar leyendo