Julia está casada y tiene cuatro hijos. Hace seis meses le diagnosticaron cáncer de mama y le aplicaron quimioterapia. Pero el cáncer se extendió a los ganglios linfáticos. En el medio, tuvo un atraso menstrual y se hizo un examen de embarazo. Le dio positivo. Su ginecólogo le dijo que el embarazo agravaba su pronóstico de salud, ya que los cambios hormonales podían acelerar su enfermedad. Además necesitaba la radioterapia y si quería seguir adelante con el tratamiento era aconsejable interrumpir el embarazo. Sin embargo, la dirección del hospital no permitió a los médicos hacer el aborto si no se contaba con una autorización judicial. Sobre ese hipotético caso –que resume la situación de muchísimas mujeres con derecho legal a realizarse un aborto no punible y que encuentran impedimentos para concretar su derecho– trabajó el Comité Argentino de Bioética para pronunciarse en un documento con una serie de recomendaciones que van desde “asegurar la atención de los abortos terapéuticos y evitar su judicialización” hasta “responsabilizar a quienes obstruyen el ejercicio de ese derecho”.

El Observatorio Argentino de Bioética, que coordina Flacso e integran diversas organizaciones e instituciones académicas (ver aparte), presenta hoy el documento, titulado “Aborto por motivos terapéuticos: artículo 86 inciso 1 del Código Penal Argentino”. Allí dictamina que “es frecuente que el personal médico se niegue a practicar los abortos no punibles establecidos en el Código Penal y exija una autorización judicial para realizarlos. Ese requisito no está previsto por la ley y su exigencia impide, en muchos casos, el goce del derecho a la salud y a la autonomía. Este requerimiento provoca una discriminación por condición social, ya que las mujeres de mayores recursos pueden, generalmente, acceder a un aborto seguro”.

Dos de las integrantes del Observatorio –Florencia Luna, doctora en Filosofía, investigadora del Conicet y coordinadora del Proyecto de Bioética de Flacso, y Mariana Romero, médica, investigadora del Conicet y del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes)– dialogaron con Página/12 sobre la importancia de generar un consenso de expertos para no sólo investigar sobre la realidad, sino, también, intentar intervenir para que las Julias no sigan esperando. (...)... Continuar leyendo